lunes, 6 de noviembre de 2017

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el día el jueves 02 de noviembre de 2017 falleció el señor Comisario General (R) Aldo Patrocinio Bruno Pérez (Policía de la Provincia de Mendoza), Preso Político en cautiverio de 79 años de edad, quien padecía un gravísimo cuadro de salud.

Consecuentemente, ya son 424 (cuatrocientos veinticuatro) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 84 (ochenta y cuatro) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.


Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias continuaran cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 207 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Centro de Estudios Salta

La Verdad Os Hará Libres

domingo, 5 de noviembre de 2017

EN COMPAÑÍA DE TONTOS


Arturo Pérez-Reverte
Madrid

Puestos a ser justos, no sólo es España. Gracias a Dios. Las habas de la estupidez y la mala fe se cuecen en todas partes; y si eso no consuela demasiado, al menos lo hace más llevadero. Saber, por ejemplo, que la estatua de Colón en Barcelona no es la única que tiene la piqueta de demolición en el cogote, consuela un poco. Nada hay más tranquilizador que la estupidez compartida, global, en un mundo donde, ya desde la más remota antigüedad -y ahí seguimos-, juntas a un fanático o un malvado con 1000 tontos y, matemáticamente, obtienes 1001 hijos de la gran puta.

La tendencia actual de borrar la parte oscura del pasado y reinventar éste con la parte buena, o la que cada uno considera como tal, está sumiendo el mundo en un caos cultural ajeno a los hechos y razones que lo definen. Ignoramos que la historia no es buena ni mala, sino sólo historia, y borrándola creemos corregirla o librarnos de ella, cuando el resultado es justo lo contrario. Sin memoria, sin las claves que nos explican, somos monigotes en manos de oportunistas y sinvergüenzas, o rehenes de los estúpidos apóstoles de lo políticamente correcto. Y más cuando éstos se empeñan en que miremos el pasado, tan diferente en espíritu y maneras, con ojos del presente. Exigiéndole, por ejemplo, a una banda de aventureros hambrientos, duros, ambiciosos y desesperados que se comportaran en el siglo XV con los criterios morales de una ONG del siglo XXI. Así nunca pueden salir las cuentas. Todos tuvimos bisabuelos que lucharon en guerras, invasiones, conquistas y reconquistas. Que mataron y murieron por un plato de comida, por una ambición, por una mala suerte, por una idea. Ocultarlos es amputarnos a nosotros mismos. Olvidar que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos.

Al pobre Colón, como digo, lleva tiempo cayéndole la del pulpo. Él sólo quería descubrir un mundo nuevo al otro lado del Atlántico, y se jugó el tipo para conseguirlo, gracias al apoyo que le dieron los reyes de España -ese país ahora de pronto inexistente- allá por el año 1492. Pero ya ven. Ha acabado comiéndose un marrón genocida como el sombrero de un picador: Cristina Kirchner le demolió la estatua en Buenos Aires, Ada Colau y la CUP quieren demolérsela en Barcelona, e innumerables cantamañanas de toda condición y pelaje andan buscándole las vueltas a don Cristóbal. Jugándole la del chino.

La última que yo sepa, se la han montado en Los Ángeles, California, ciudad hispana por excelencia empezando por el nombre (Nuestra Señora Reina de los Ángeles) y por quienes la fundaron. Pues bueno. Allí, con el silencio cuando no el aplauso de la abrumadoramente mayoritaria comunidad hispana, o sea, gente que se apellida Sánchez y Martínez, han suprimido el Columbus Day o Día de Colón -con el único voto en contra de un concejal de origen italiano, para más guasa-, y colocado en su lugar el Día de los Pueblos Indígenas. Lo cual estaría muy bien en muchos sitios, sobre todo de México para abajo; pero en Estados Unidos suena a sarcasmo guarro, porque allí precisamente, en la pulcra América anglosajona, y a diferencia de la sucia y grasienta América hispana, los pueblos indígenas fueron sistemáticamente exterminados, y los escasos supervivientes confinados en infames reservas. Y así, el gran John Ford pudo decirle a Peter Bogdanovich en una entrevista: "Los indios son un pueblo digno incluso en la derrota, pero eso no está bien visto en los Estados Unidos. Al público le gusta ver cómo matan a los indios. No los consideran seres humanos".

Así que, en fin. Qué quieren que les diga. Estos días va a estrenarse una película dirigida por Agustín Díaz Yanes, Oro, basada en un relato del arriba firmante, donde se cuenta mi manera de ver lo que fue la conquista de América: una sucesión de episodios fascinantes, terribles, épicos a veces y, desde luego, crueles y poco simpáticos. Pero asumiendo cuanto de terrible haya que asumir de la Historia, del horror y de la vida, que en el caso de la Conquista es mucho, el hecho cierto es que los indios de la América hispana siguen ahí, vivitos y coleando, compartiendo una lengua formidable entre quinientos millones de personas. Y muchos, por simple justicia histórica, han venido a vivir a España; mientras en los Estados Unidos ni están ni se les espera, entre otras cosas porque allí, con la Biblia y la cochina supremacía blanca por delante, se los cargaron a todos. Así que, por mí, como hispano que soy, como español que asume sin complejos su pasado en lo bueno y lo malo, la municipalidad de Los Ángeles puede irse a hacer puñetas. A excepción del concejal de origen italiano, claro. Ese tío cachondo.


EL RELATO QUE CORROMPE LOS DERECHOS HUMANOS

El dinero, la ambición, el personalismo y la sed de venganza fueron distorsionando el prestigio y la finalidad de algunas organizaciones

La alianza de conveniencia mutua entre el gobierno kirchnerista, que asumió el poder el 25 de mayo de 2003, y varios de los principales organismos de derechos humanos se tradujo, en los hechos, en dinero, subsidios, leyes, presencia mediática y redituables asociaciones. Era el contexto más adecuado para un gobierno que, como en tantos otros asuntos, priorizaba el parecer al hacer, el relato mentiroso a la verdad, alimentando un discurso pensado para proyectarse más allá de la historia, con una carga simbólica capaz de hacer prevalecer y justificar cualquier destino con el dinero de todos. Una auténtica y gigantesca estafa moral basada en el odio y la venganza.

Estela Barnes de Carlotto

La trayectoria de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es la de una docente jubilada, ama de casa, quien, como presidenta de una institución que transita sus 40 años de vida como "Abuelas de Plaza de Mayo", no ha podido evitar las contradicciones y las polémicas a partir de que el dinero, la ambición y el personalismo militante fueron distorsionando y erosionando el prestigio y la finalidad de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos.


En 2008, consultada sobre las acciones de los militantes del Movimiento Peronista Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de grupos similares que operaban en la década del 70, los calificó elogiosamente de "mártires", negando el amplio abanico de gravísimos delitos que se les comprobaron. Con ese mismo falso y distorsionado idealismo, que tanta sangre derramó en los años de plomo, se refería a su hija desaparecida como integrante de "una generación que dejó la vida y nos dejó la democracia". Paradójicamente en su afán militante salió también con vehemencia a defender al general César Milani negando toda evidencia en su contra.

Alterando también los hechos, cargó contra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), acusando a esa institución de promover la impunidad para los responsables del terrorismo de Estado cuando, al igual que Abuelas pero en la vereda opuesta, Celtyv defiende los justos pero silenciados derechos de las víctimas inocentes del terrorismo subversivo de aquellos años. Con este mismo espíritu beligerante, no sorprendió que tildara de "disparate" la propuesta pacificadora de la Conferencia Episcopal, que promovía la reconciliación nacional.

Hebe Pastor de Bonafini y Pablo Schoklender 

"No hay que confundir Abuelas con Madres", señalaba Carlotto, marcando distancia con la agrupación dirigida por Hebe de Bonafini y, al mismo tiempo, alejándose todo lo posible del escándalo Schoklender.

Sin embargo, con aquel mismo estilo agresivo y destemplado de Hebe de Bonafini, casi un par con el que rivalizó en la interna de esos mismos organismos, Carlotto no pudo disimular su militancia partidaria y arremetió recientemente contra la ministra de Seguridad por el caso Maldonado, al afirmar que "Patricia Bullrich es una gendarme, pero una gendarme mala". Incluso, sostuvo la hipótesis de que el cuerpo de Maldonado "fue plantado" en el lugar en el que se encontró, instando a averiguar dónde había estado conservado y quién lo tenía. "Es una muerte desde el Estado y en democracia", y como tan superficialmente acostumbran a calificar, aseveró enfáticamente que se trata de "un delito de lesa humanidad" acusando al Presidente de falta de sensibilidad, frialdad y autoritarismo, llegando a asimilar la ideología de los gobiernos de facto con la de esta democracia. También, en su momento, apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio quien, según ella, "se maneja como si viviera en una isla de esclavos". "Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri", extrapoló, incapaz de percibir las abismales diferencias en otra muestra del registro distorsionado de la realidad en el que cae con frecuencia.

Además de haber colocado a numerosos parientes y amigos en cargos públicos, Carlotto ejerció la presidencia de la Comisión Bonaerense de la Memoria, organismo integrado por representantes de entidades de Derechos Humanos, el sindicalismo, la Justicia, la Universidad, la Legislatura, funcionarios y profesionales, de los que se alejó en 2002 cuando le cuestionaron el manejo de los cuantiosos fondos estatales. El resultado fue que denunció que le habían falseado la firma, lo que la llevó a confrontar con su sucesora en el cargo.

Firmante de una solicitada en apoyo a Aníbal Ibarra tras la masacre de Cromagnon, calificó a los padres de las víctimas de "delincuentes", lo cual le valió un amplio repudio. Tampoco dudó en pedir por la libertad de terroristas internacionales de la ETA española, el MIR chileno, o las FARC colombianas. En la lista, sumó también a Milagro Sala cuya inocencia Carlotto defiende con una cínica pregunta: "¿Cuándo la vieron a ella empuñar algo que fuera peligroso, salvo el martillo o alguna pala?".

Junto con Madres, avaló perversamente la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de cargar contra la empresa Papel Prensa sobrepasando cualquier límite ético en una disputa política en otro uso espurio de los derechos humanos, como definió de manera crítica la propia Graciela Fernández Meijide. Es oportuno recordar que, en 2010, en el acto central por el Día Nacional por la Memoria y la Justicia celebrado en las instalaciones de la ex ESMA, una Cristina Kirchner abrazada a Carlotto afirmó que el caso Noble era "la prueba del ácido" de la democracia argentina. Refiriéndose una vez más en público a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, amenazó con ir a la justicia internacional, según ella, para "terminar este capítulo tan trágico de la historia de la verdad". Después de denunciar durante años que Marcela y Felipe Noble eran "parte del ocultamiento de un delito", Carlotto no supo siquiera pedir disculpas cuando la Justicia se expidió. Como quien teme gastar las palabras, dijo lacónicamente: "No fueron nuestros nietos".

"Cuando fui citado por la jueza Servini de Cubría -explicó un joven llamado Roberto J. Gutiérrez, sindicado erróneamente como nieto de Carlotto y sometido a un maltrato que le ocasionó un grave daño moral-, comprendí que esta mujer es tan distinta de como la ven todos, tan insensible que no me resultó extraño enterarme de que había hecho con su familia un negocio de los derechos humanos". Gutiérrez, además, la acusó de haber manipulado los ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, causa que sigue abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro caso, el de Hilario Bacca, una airada Carlotto cuestionó a la Justicia por autorizar que ese hijo de desaparecidos mantuviera la decisión de llevar el nombre y apellido dado por sus padres apropiadores. Al momento de encontrarse al nieto número 122, y aplicando falaces e interesadas fórmulas matemáticas propias, Carlotto afirmaba que ese hallazgo demostraba que fueron 30.000 o más los desaparecidos, dado que el padre del recuperado no figuraba denunciado como desaparecido. En su afán por manipular los dolorosos hechos vividos y a pesar de que sólo hubo 230 denuncias, Carlotto continúa pretendiendo instalar que fueron 500 los niños desaparecidos.

Durante la llamada "década ganada", desde el poder se hizo mucho más que aplicar el canon kirchnerista, distorsionar la democracia, imponer el mandato del relato único como cuestión de fe, estigmatizar al opositor o al crítico e instalar y justificar la corrupción como método válido para financiar a una facción política y enriquecerse personalmente con los recursos del Estado. Con la complicidad de muchas de las organizaciones a las que benefició, la sesgada política de los derechos humanos sólo incluyó a algunas víctimas e ignoró a otras en su afán por mantener al país encadenado a los odios del pasado. El vasto agujero negro en el que se esfumaron millones de dólares destinados a sostener lo que terminó siendo la "industria" de los derechos humanos, resulta un enigma que no ha sido todavía investigado.

A esta altura resulta inaceptable continuar distorsionando la verdad histórica y manipular tendenciosamente los derechos humanos para ponerlos al servicio de la mezquindad política, con burdos fines económicos e ideológicos alejados de la reconciliación y el reencuentro entre compatriotas que debiera primar a la hora de construir unidos el futuro de nuestra Nación.



NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

FF.AA. Y TERRORISMO

De acuerdo con lo informado por los medios, el ministro de Defensa tiene entre sus objetivos modificar el decreto reglamentario de la ley de defensa para permitir el empleo de la Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, cualquiera que fuera su origen. Cabe preguntarse qué sucederá en el futuro con aquellos que intervengan en esa hipotética guerra contra la subversión. ¿Serán juzgados y condenados a morir en las cárceles? Hoy, nuestros penales están llenos de militares que intervinieron en la guerra contra la subversión en los años 70. ¿Con qué espíritu participarán los integrantes de nuestras fuerzas militares en operaciones contra el terrorismo si en su futuro los espera un tribunal que, con las condenas ya escritas, los mandará presos por genocidio?


Mientras haya presos por combatir el terrorismo marxista que buscaba el poder para terminar con la República difícilmente haya militares que se presten a poner el cuello en la soga de la horca.

Florencio Olmos
DNI 5.941.080



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.

jueves, 2 de noviembre de 2017

CARTAS DE LECTORES DE LA NACIÓN

DOS TERRORISMOS

Azorado leía un tuit del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien, con relación al atentado en Manhattan en el que perdieron la vida de la manera más horrible cinco ciudadanos de Rosario que habían viajado a festejar un aniversario, decía: "El horror de la violencia y el terrorismo nos golpea otra vez de cerca". Inmediatamente recordé cuando siendo intendente de esa ciudad, en el acto de inauguración del monumento al sanguinario terrorista internacional Ernesto "Che" Guevara, proclamaba: "Que el Che vuelva a Rosario es el cierre de una extraordinaria parábola. Es el homenaje al hijo más ilustre y emblemático de nuestra ciudad", sentimiento que reiteró tres años después en un acto en el mismo lugar, cuando expresó: "Hemos recuperado a uno de los hijos más queridos, su dimensión de estadista, su obra, su legado y sus sueños, para mantenerlo vivo para las generaciones futuras".

Parece que para el señor gobernador de Santa Fe el terrorismo de antes era el bueno y el de ahora, el malo.

Alejo Uribe
DNI 6.259.301



LIBRES

Lamento muchísimo el asesinato de los cinco rosarinos en Nueva York a manos de un terrorista. Éstos se suman a muchos asesinados por terroristas en nuestro país. Lo que no llego a comprender es por qué nuestros terroristas están libres y los que pelearon para combatirlos están presos.

Teófilo M. Méndez
DNI 5.154.654


miércoles, 1 de noviembre de 2017

INOCENCIA PERDIDA


"Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos". Mateo 10:16

El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70's y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.

Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!

Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.

Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el "club del helicóptero" para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.

Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la "desaparición forzada" en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.

El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.

En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.

Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.

Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados "jóvenes idealistas", que asolaron el país hace cuarenta años. 

El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con "fines políticos". ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.

Bs.As., 1 Nov 17

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

DESERCIÓN DE LA CIDH

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, durante una conferencia de prensa hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE

El editorial "Deber de imparcialidad de la CIDH" describe un episodio lamentable. Con la actual CIDH y su Secretaría Ejecutiva nunca hubiese podido jugar el papel que desempeñó cuando visitó la Argentina en tiempos de la dictadura militar. La CIDH se cuidó mucho de no embanderarse con ninguna posición política y enfocar sus acciones basándose en los derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales. Como funcionario de la Secretaría Ejecutiva, me tocó participar en el examen de la situación de los miembros de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza presos en la época de los sandinistas. Éstos le solicitaron a la CIDH un dictamen como forma de superar los problemas que tenían con los "contras", para aplicar los Acuerdos de Sapoá, que terminaron con la lucha armada en Nicaragua. Los miembros de la Guardia Nacional eran el ejemplo viviente de la violación de los derechos humanos y la gran mayoría fueron liberados después del dictamen de la CIDH. La CIDH tuvo entonces la autoridad moral y la integridad ética que le permitieron realizar una contribución importante en un momento clave en la historia nicaragüense. Tiempo después también me tocó participar en la defensa de los derechos humanos de los llamados "senderistas" en Perú, cuyos derechos había sido vulnerados en el gobierno de Alan García y eran amenazados por el de Alberto Fujimori. Guardias nacionales y senderistas: los extremos más nítidos del arco político.

Es lamentable que la CIDH no pueda poner orden en una audiencia que convoca. Eso habla de su falta de autoridad moral y de su debilidad ética. Cuando triunfa la politización del tema de los derechos humanos pierden todas las víctimas y es una derrota para la CIDH y cada uno de sus miembros.

Luis Fernando Jiménez
Funcionario de la SE de la CIDH (1983-1992)
DNI 7.971.461



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.