sábado, 29 de abril de 2017

EX ENEMIGOS QUE DIALOGAN

27 de abril de 2017

El teniente coronel (R) Rodolfo Richter presentaba Lucha armada: el PRT-ERP y las condiciones revolucionarias.

Algo muy curioso ocurrió el miércoles 19 en esta Ciudad. Lo que en principio parecía la anodina presentación de un libro terminó suscitando un debate esclarecedor sobre el pasado violento de nuestro país y sus perspectivas a futuro, a partir de las opiniones de los protagonistas menos pensados.

Todo sucedió en un aula de la Universidad Católica Argentina. El teniente coronel (R) Rodolfo Richter presentaba Lucha armada: el PRT-ERP y las condiciones revolucionarias (Dunken). Es un volumen que revisa, con criterio desapasionado, los devaneos doctrinarios que a fines de la década de 1960 llevaron al grupo dirigido por Mario Roberto Santucho a tomar las armas en contra de lo que indicaban ciertos preceptos del marxismo-leninismo. El libro es la versión reducida y adaptada de la tesis que Richter defendió para acceder al doctorado en Ciencia Política.

Aquí un primer dato llamativo. Richter es paralítico. Perdió la movilidad de las piernas en febrero de 1975, cuando fue herido en el combate inaugural de la Operación Independencia que dispuso el gobierno democrático peronista para derrotar al ERP en el monte tucumano. Entonces tenía 26 años y era teniente de infantería del Ejército con las aptitudes de paracaidista y comando. Después de una trabajosa recuperación, logró rehacer su vida. Estudió y se convirtió en profesor de Ciencia Política. Lo que sufrió a manos de la guerrilla no le impidió estudiarla con seriedad hasta hurgar en las razones de su derrota estrepitosa.

Segundo dato curioso. Entre el público que asistió a la presentación, compuesto en gran medida por militares retirados, familiares de víctimas del terrorismo y algunos estudiantes, se destacaron dos personas. Dos miembros del PRT-ERP, ya septuagenarios: Luis Mattini, quien fue su último jefe máximo, y Carlos Gabetta, periodista y ex integrante del sector de inteligencia del grupo. Su ingreso no pasó inadvertido. Hubo miradas de asombro, gestos desconfiados y murmullos de fastidio, por obvios motivos. Alguna asistente recordó, por ejemplo, que uno de ellos habría participado en un ataque que provocó la muerte de su padre.

Pero Mattini y Gabetta no fueron allí a provocar. Richter los invitó. Ya antes se había reunido varias veces con ellos, compartieron más de una comida y los entrevistó para el libro que estaba presentando. Los antiguos enemigos pudieron encontrar un terreno común para conversar sin dejar de lado sus ideas, pero con la voluntad de respetarse y, de algún modo, aceptarse. Sólo Dios sabe adónde conducirá ese esfuerzo, que no se ha interrumpido, ya que Richter y Gabetta trabajan ahora en un libro conjunto sobre sus visiones diferentes acerca de lo que sucedió en los años '70.

Hacia el final de la presentación, a la hora de las preguntas, los dos ex guerrilleros pudieron expresarse con libertad. Gabetta incluso pretendió reivindicar el sentido de la lucha armada setentista, aunque a la vez se solidarizó con la situación de los cientos de militares juzgados por delitos de lesa humanidad a quienes muchas veces se les niegan los beneficios más elementales de la prisión domiciliaria y una adecuada atención médica, pese a que son ancianos y sufren graves problemas de salud. No fue aplaudido, pero tampoco repudiado. Al igual que Mattini se retiró con la misma libertad con la que había llegado.

Todo el acto fue como una metáfora de lo que podría construirse en un país desgarrado por la violencia y la división, y en el que otra vez se agita el fantasma de la guerra civil. Pero la grieta existe y no todos tratan de cerrarla. ¿Alguien se imagina a Aldo Rico asistiendo a la presentación de un libro de Roberto Perdía o del propio Mattini? ¿Podría salir vivo de semejante encuentro?

Jorge Martínez


miércoles, 26 de abril de 2017

QUIÉN ES EDUARDO ANGUITA

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INJUSTA JUSTICIA

Pablo García Aliverti

Pablo García Aliverti, atropelló alcoholizado, hace 4 años, a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo.

Luego del accidente, sin siquiera haber frenado, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos 4 años esperó su sentencia en libertad. Finalmente, fue sentenciado a 4 años, aunque todavía sigue libre.

Yo me pregunto: ¿por que los presos de los juicios mal llamados de “Lesa Humanidad”, con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios y sin condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia?

En Argentina el “Principio de Presunción de Inocencia” sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las FF.AA., FF.SS. y Policías de los años 70, en cambio, son juzgados y condenados de antemano por la Justicia Tuerta.

María Guadalupe Jones


viernes, 21 de abril de 2017

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIPUTADO NACIONAL ALFREDO OLMEDO


El día 20 de abril de 2017 se llevó a cabo una interesante reunión de trabajo con el diputado nacional Alfredo Olmedo, acompañado por el diputado de la provincia de Salta Carlos Raúl Zapata, con organizaciones afines y ocupadas por la temática de los mal llamados juicios de lesa humanidad. También participaron  familiares y camaradas de los actuales Presos Políticos, profesionales independientes, periodistas, escritores, cineastas.


Los distintos participantes explicaron minuciosamente a los diputados la situación de las personas afectadas por los juicios mencionados, haciendo especial hincapié sobre los 400 Presos Políticos fallecidos en cautiverio, de los cuales 59 corresponde al período del actual gobierno de Cambiemos. Se explayaron en explicar las paupérrimas condiciones de detención en penales que no están preparados, ni capacitados, ni mínimamente equipados para atender las necesidades de una población de ancianos cuyo promedio de edad supera ampliamente los 65 años.

Ante la inconsistencia jurídica con la que se llevan adelante esos juicios surgió la necesidad urgente de una auditoría jurídica, para determinar las aberraciones que se han cometido y proceder a su inmediata corrección. Este colectivo, de personas juzgadas por lesa humanidad, a las que se les han violado sistemáticamente sus derechos humanos y jurídicos, se encuentra en estado de riesgo y desigualdad ante la ley.



El diputado Olmedo y su acompañante se pusieron a disposición de los asistentes para ayudar a encontrar los caminos que conduzcan a la concordia, liberación de los Presos Políticos y reconocimiento de las Víctimas del terrorismo en la Argentina.

martes, 18 de abril de 2017

FALLECIMIENTO DEL CORONEL HUGO JORGE DELMÉ - CRONOLOGÍA OFICIAL DE LOS HECHOS


A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES, FUERZAS PENITENCIARIAS Y SUS FAMILIAS

A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SUS FAMILIARES

A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ONG VINCULADAS

A TODOS LOS ALLEGADOS, AMIGOS Y COMPATRIOTAS


Estimados Camaradas y Amigos:

Tal como se informó y es ya de público conocimiento, el Coronel (R) Hugo Jorge DELMÉ de 80 años de edad, falleció el día 13 de Abril del corriente a las 20 horas, en la Celda Nro. 8 - Pabellón "C" del Instituto Penal Federal UP - 34 de Campo de Mayo. Llevaba más de 10 años soportando la injusta, inconstitucional, ilegítima y arbitraria privación de su libertad, por una denominada "causa de lesa humanidad".


Como siempre se expresa, dentro de este proceso de persecución, venganza y exterminio se continúan repitiendo en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Pese a su muy avanzada edad y los gravísimos problemas de salud por los que atravesaba, no recibía la adecuada atención médica que su estado exigía, mientras que también se le negaba metódicamente la posibilidad de tener acceso a la Prisión Domiciliaria.

Los responsables de su muerte son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y los integrantes de la Cámara de Casación - Sala 2.

Se emitirá al respecto y próximamente, una Comunicación Oficial de los Presos Políticos alojados en la U-34.

Se agrega la Cronología de los Hechos (exacta y oficial) que motivan este Mensaje.






Se ruega dar al presente la mayor difusión posible.

Coronel (R) Guillermo César Viola

Unión de Promociones

lunes, 17 de abril de 2017

UNA MUERTE QUE INTERPELA

Coronel Hugo Delmé

El jueves 13 de abril, fue encontrado muerto en la celda de la prisión en la que se encontraba, el Coronel Hugo Delmé, detenido por los llamados juicios de lesa humanidad, quien padecía de una afección cardíaca, y la pregunta que surge de inmediato es ¿qué hacía allí un anciano de 80 años detenido contra derecho y sin la adecuada atención médica?

Su cadáver interpela desde entonces a los jueces del tribunal oral federal de Bahía Blanca, quienes le negaron reiteradas veces la prisión domiciliaria, y al sistema penitenciario por no disponer de estructuras de atención médica adecuadas para atender a ancianos con patologías de alto riesgo.

Interpela además a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, al Consejo de la Magistratura que no audita el desempeño de los jueces que cometen prevaricato en sus resoluciones, al presidente de la Corte Suprema de Justicia quien considera que esta flagrante injusticia es política de estado, y en definitiva a la conciencia de los argentinos que no deberíamos permitir que estas tragedias ocurran en un país que se proclama defensor de los derechos humanos.

Cuatrocientos muertos en injusto cautiverio, muchos de ellos en condiciones de abandono de persona, constituyen un escándalo jurídico y humanitario que urge solucionar antes de que las graves consecuencias de la situación que padecen a diario sigan cobrándose más víctimas que podrían evitarse.

Juan Miguel Giuliano
General (R)
DNI 4.866.846
miguelgiuliano@hotmal.com.ar

“REVOLCAOS EN UN MERENGUE…”

16/04/17
Por Mauricio Ortín

Uno de los indicadores de la decadencia moral de una sociedad  debería ser el grado de aversión a la mentira que acreditan funcionarios públicos, periodistas, autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general. Falsificar los hechos históricos y promover su difusión desde el Estado y/o los medios masivos de comunicación constituye lisa y llanamente un delito aberrante; tolerarlo, un acto de cobardía o de idiotez política. En vigencia del Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de decir la verdad y los ciudadanos el deber cívico de exigirla. Pues bien, en la Argentina, en términos generales, luego de 35 años de democracia no sucede ni lo uno ni lo otro. El hecho evidente que lo refrenda  es la circunstancia de que la legislatura la provincia de Buenos Aires aprobó la ley que obliga a los tres poderes del Estado a adoptar como verdadera, en todas sus manifestaciones oficiales en que el tema lo amerite, la mentira palmaria según la cual durante el gobierno militar que comenzara  con el golpe de Estado de 1976, se cometió un genocidio que hizo desaparecer a 30.000 civiles. En la Cámara de Diputados, dicha ley-mentira obtuvo 91 votos a favor y sólo uno en contra (el del diputado Guillermo Castello).

El engendro en cuestión, sin embargo, no ha merecido de legislador nacional o gobernador alguno siquiera un monosílabo que la resista. El ignominioso silencio se extiende también a la prensa, la iglesia, sindicatos y demás asociaciones civiles.

La verdad al respecto o, si se quiere, lo más aproximado a ella es el número oficial que obra en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el cual  confirma que la cifra de desaparecidos durante el gobierno militar asciende de 6.348. Número que surge de las denuncias presentadas por los deudos en los últimos 35 años. Verdad es también que no hubo ningún genocidio y que la represión “genocida” a las bandas subversivas que asolaban el país fue ordenada por el gobierno peronista. En el colmo del cinismo el senador Norberto Amilcar García alegó que “los militares” desaparecieron a 30.000 civiles porque “pensaban distinto”. Pero ni la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 ni fue por pensar diferente. Fue Juan Perón (del que nadie puede negar su filiación peronista) y no el general Jorge Rafael Videla el que, en discurso  por Cadena Oficial del 20 de enero de 1974, los definió: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana…” (Otra que “pensaban distinto”).


Ahora bien, si este fuera un país medianamente decente, los legisladores nacionales (Carrió, Pinedo, Massa, Tonelli, Stolbizer, Wolf, Negri y algún otro de los que todavía se puede esperar algún gesto de dignidad) estarían haciendo cola para pedir la intervención federal del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires; también y por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal hubiera vetado in limine la ley mamarracho. Mas, no somos Dinamarca, ni Perú, ni Uruguay; pero ni en Venezuela una ley semejante hubiera sido aprobada por unanimidad. La triste circunstancia de que los políticos locales, por acción u omisión, hayan traicionado con descaro los más elementales principios republicanos revela que la inhabilidad moral no es un fenómeno aislado que afecta solo a una provincia sino un tsunami que encharca casi sin excepción a todo el arco dirigencial argentino y que estamos, como dice el tango, “en un mismo lodo todos manoseaos…”