miércoles, 21 de febrero de 2018

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, ANTE UN NUEVO DESAFÍO


El cuerpo debe decidir sobre el juicio político a jueces acusados de tentativa de homicidio y vejámenes en casos de imputados por delitos de lesa humanidad

Familiares de imputados por delitos de lesa humanidad y asociaciones que velan por la legalidad en los procesos presentaron denuncias penales y pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, prevaricato, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, imposición de severidades, vejámenes y torturas.

María Alicia Noli

Jose María Pérez Villalobo

Juan María Ramos Padilla

Los jueces denunciados fueron María Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y José María Ramos Padilla, integrantes del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, apartados ya de la causa por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación en 2016 por falta de imparcialidad. Noli y Pérez Villalobo pertenecieron al ERP y Ramos Padilla representó a organizaciones no gubernamentales querellantes en estas causas. Desde estas columnas, elogiamos aquella decisión de la cámaraen un editorial titulado "Jueces parciales, sentenciasnulas".

Cnl (R) Cayetano José Fiorini asistido por su ceguero

Tras cuatro años de prisión preventiva, Cayetano José Fiorini, de 86 años, ciego, sin un riñón, atravesando un cáncer terminal con plan quirúrgico coronario, falleció el 19 de septiembre de 2016. Según un informe forense, debió haber sido "atendido en forma urgente por el servicio cardiovascular (para establecer a la brevedad) su intervención quirúrgica por aneurisma de aorta abdominal", aclarando que no se encontraba "en condiciones de ser alojado en una unidad penitenciaria".

Con la excusa de la realización del debate oral, los jueces denunciados revocaron la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado a una unidad carcelaria, decisión que fue revocada por la Cámara de Casación porque los informes médicos indicaban que cualquier modificación de su situación podía "...causar una ruptura aneurismática imprevista y el óbito consiguiente...". No obstante los informes médicos y lo resuelto por Casación, estos jueces ordenaron el traslado a una unidad carcelaria. El Servicio Penitenciario se presentó en dos oportunidades para cumplir la orden, pero desistió ante las advertencias de la familia y sus abogados.

Antes del comienzo del juicio, el defensor de Fiorini había solicitado una junta médica, al advertir que no se encontraba en condiciones de afrontarlo, pero esta nunca se concretó. En la querella, su hija señaló: "Los dos intentos de homicidio quedaron frustrados por la intervención de terceros, la familia, el abogado defensor de mi padre y la actitud asumida por el personal del Servicio Penitenciario Federal. No así los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento". Ahora se agregan los de imposición de vejámenes y torturas a los detenidos.

ex juez Arturo Liendo Roca

Igual de aberrante fue el caso del ex juez Arturo Liendo Roca, quien falleció durante el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el ejercicio de su cargo. El tribunal lo había sometido a todo tipo de vejaciones, dado que varios estudios médicos -incluso uno realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- demostraban que no estaba en condiciones de presenciar el juicio por su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Sin embargo, ese informe, tras ser entregado en el tribunal, se perdió y apareció luego de iniciado el litigio, con signos de haber sido adulterado. Lamentablemente, esas denuncias se corroboraron con su fallecimiento durante el proceso. Los jueces Noli y Pérez Villalobo desoyeron los informes médicos y siguieron con el juicio. Cabe destacar que entre los hechos denunciados no había homicidios ni desaparecidos y que el doctor Liendo Roca había sido sobreseído en cuatro oportunidades. Finalmente, el tribunal fue removido por la Cámara de Casación Penal de la Nación por no garantizar la imparcialidad durante el trámite de la causa.

Respecto del caso Fiorini, luego de una profunda investigación, y tras el dictamen de la fiscalía actuante, el 9 de febrero Guillermo D. Molinari, a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero, citó a los magistrados a prestar declaración indagatoria el 26 de marzo por la comisión de estos delitos en el curso de su actuación. Sin embargo, el consejero preopinante, casualmente también un juez, elevó un proyecto de dictamen para desestimar los pedidos de juicio político.

El llamado a indagatoria, pedido además por la fiscalía, revela la existencia de elementos suficientes para sospechar culpabilidad en la comisión de estos crímenes.

Una vez más, cabe también preguntar cuántos otros casos con magistrados actuantes de antecedentes tan cuestionables como perversos han llevado a la cárcel y a la muerte muchas veces anticipada a quienes en justicia no lo merecían. Los fraudes judiciales, con tribunales y testimonios armados, cuyo único fin fue teñir de parcialidad algunas acusaciones de delitos de lesa humanidad, resultan claramente escandalosos e impactan en la imagen de nuestra Justicia.

Ante un odio con raíces ideológicas que contamina y pervierte la razón y el deber de juzgar con imparcialidad, esta investigación revela que afortunadamente nuestro golpeado sistema judicial cuenta con jueces y fiscales valientes, dispuestos a hacer cumplir la ley por encima de los intereses de quienes han dejado prevalecer sus sentimientos personales de venganza por sobre lo que impone una Justicia independiente e imparcial. Semejante comportamiento permite reivindicar a aquellos que encarnan responsable y honestamente la tarea de impartir justicia y que merecen, por ello, todo el apoyo de la sociedad.

Celebramos que el Consejo de la Magistratura no haya hecho lugar, en su última sesión, al proyecto de desestimación del pedido de juicio político de estos jueces, devolviendo las actuaciones a comisión, en la cual se acumulan nuevas denuncias. Solo resta que, habida cuenta de las pruebas reunidas y las instancias procesales ya transitadas, sometan a juicio político a quienes han traicionado, mediante el abuso de autoridad y la discriminación, la más alta de las responsabilidades que el pueblo, a través de la Constitución, les ha confiado: la de impartir justicia a todos por igual.



NOTA: La imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 20 de febrero de 2018

EL 26 DE MARZO SERÁN INDAGADOS LOS TRES MAGISTRADOS FEDERALES

Se les atribuye supuestos prevaricato, abuso de autoridad, violaciones a los deberes de funcionarios públicos, entre otros cargos

DENUNCIA. Tomarán indagatoria a los doctores María Alicia Noli, Juan Ramos Padilla y José M. Pérez Villalobo

Fuentes de la Justicia federal confirmaron el adelanto de EL LIBERAL y tres jueces federales fueron citados para el 26 de marzo para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero, acusados de haber conculcado derechos y garantías a varios imputados por delitos de lesa humanidad, prevaricato, presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante un juicio realizado en nuestra provincia.


El fiscal federal Pedro Simón elevó un requerimiento para que sean indagados y para que "se ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la Nación la presente imputación a los fines que hubiere lugar".

En este sentido, el Consejo comenzó a estudiar ayer las denuncias que pesan sobre los tres magistrados que integraron el Tribunal Oral Federal que juzgaba a varios imputados por delitos de lesa humanidad.

Presentación

La denuncia fue iniciada por la defensa de Jorge D’Amico y ampliada, luego, por la del Dr. Santiago Olmedo de Arzuaga, los herederos del Dr. Liendo Roca y familiares de Cayetano Fiorini (estos dos últimos, ya fallecidos).

En su presentación, los denunciantes cuestionaron a los magistrados el accionar que les cupo cuando integraron el Tribunal Oral Federal que los juzgaba, ya que consideran que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad y que hubo un trato abusivo con dos de los ellos, quienes habían acreditado que sufrían cuadros de salud delicados y que de todas formas se los obligó a participar del debate. Recordaron que cuando promediaban varias audiencias, tanto Cayetano Fiorini como Arturo Liendo Roca murieron.


INFORME SOBRE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Noli, Ramos Padilla y Pérez Villalobos y sus participaciones en las muertes de Liendo Roca y Fiorini



El día de ayer, lunes 19 de febrero de 2018, se reunió el Plenario del Consejo de la Magistratura.


Uno de los dictámenes que firmó la mayoría de los Consejeros (N° 19/18) recomendaba desestimar el juicio político contra los jueces María Alicia Noli, Juan María Ramos Padilla y José María Perez Villalobos.

Este juicio político acusaba, entre otras cosas, de maltrato (a imputados y defensores), abuso de autoridad y prevaricato.

El maltrato a los imputados devino en la muerte de los presos políticos Arturo Liendo Roca y Cayetano Fiorini. Muertes evitables y predecibles porque los informes médicos daban cuenta de la imposibilidad de transitar un juicio en ambos casos, por cuestiones de salud.

Pese a la gravedad de los cargos, el Consejo, casi por unanimidad, había recomendado no hacer juicio político.

Antes de la audiencia Plenaria, algunas agrupaciones como Abogados por la Justicia y la Concordia, Puentes para la Legalidad y familiares de los fallecidos presentaron escritos advirtiendo la gravedad de desestimar las denuncias, particularmente porque los tres jueces son llamados a declaración indagatoria por estos mismos cargos, la que tendrá lugar el 26 de marzo de este año. Se acompañó a los escritos el dictamen del fiscal solicitando tal indagatoria.

A pesar de haber presentado por escrito la solicitud de que no se desestimen las denuncias, muchos nos quedamos a la sesión para asegurarnos el resultado que fue positivo, el Consejo de la Magistratura volvió sobre sus pasos, decidió no desechar por ahora las denuncias y volver el caso a estudio.

Si bien es una victoria momentánea, debemos estar atentos y vigilantes porque, si en esta ocasión no tuvo éxito el plan de encubrimiento de los jueces prevaricadores, fue porque lo descubrimos a tiempo. Sólo esperarán que nos descuidemos.

La República se construye todos los días con pequeños actos como estos. No bajemos los brazos.

Por la Dra.
Andrea Palomas Alarcón




domingo, 18 de febrero de 2018

AMICUS CURIAE


En el día de hoy se presento en el Tribunal Oral Federal N1 (La Plata) un escrito donde los integrantes de la "Asociación Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamericano (AADDHL)” se presentan como "Amicus curiae" en la Causa "Etchecolatz" a fin de peticionar que sean rechazadas las presentaciones efectuadas  por distintas personas y organizaciones que solicitan la revocación del otorgamiento de la prisión domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz, pues desde la Asociación entendemos que la solicitud de los organismos involucrados es arbitraria e ilegal y que los eventuales fundamentos que pudieran tenerse en cuenta para revocar el beneficio otorgado, a quien,  por derecho y por su situación personal merece, conculcarían garantías elementales de carácter constitucional y convencional.  Por lo demás también entendemos que la Justicia Federal no puede ni debe someterse a la extorsión de algunos sectores, sino siempre dictar sentencia de acuerdo a derecho.


El objeto social de nuestra Asociación nos interpela a peticionar de la forma que lo hacemos pues nuestro fin es el de proteger los derechos humanos de todas las personas y no solamente los de un sector de la sociedad Argentina.



miércoles, 14 de febrero de 2018

LA SENTENCIA “POLÍTICAMENTE CORRECTA” POR EL ESTRAGO DE RÍO TERCERO

Por Mauricio Ortín
Centro de Estudios Salta

En el año 2006 el juez subrogante de bajo perfil de la ciudad Río Cuarto, Diego Estévez, cometió el desliz de fallar de manera “políticamente incorrecta” al sobreseer a los coroneles De la Vega, Franke y Cornejo Torino y al mayor Gatto de la imputación por haber provocado intencionalmente, el 3 de noviembre de 1995, el incendio y posterior explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. El imperdonable “error” de Estévez consistió en fundar el fallo estrictamente en base a los indicios y pruebas que pudo corroborar y no atender a la circunstancia crítica de que Néstor Kirchner, el por entonces presidente de la Nación, ya había manifestado su opinión contraria al respecto. No previó, tampoco, las obvias consecuencias derivadas de un fallo que absuelve a militares. Entre otras: a) ofrecer el mejor perfil para que la izquierda y las organizaciones de Derechos Humanos, por sécula seculórum, le rayen la marca de Caín en la frente y, b) echarse en contra a la mayoría de la prensa por arruinarle, con el cuento de que NO fue un atentado, una noticia “bomba”. Resulta evidente que el juez Estévez perdió el olfato político, o nunca tuvo, porque ¡Estamos en la Argentina, y no en Dinamarca, donde algo huele a podrido!

Los camaristas Luis Rueda e Ignacio Vélez Funes, al entregar el fallo en Tribunales Federales.
Foto: LaVoz / Raimundo Viñuelas

El odio, siempre y por mucho, ha sido un arma política más eficaz que cualquier otra. Si alguien tuvo plena conciencia de tal ventaja y la utilizó en su provecho ese fue Néstor Kirchner. Su “política de derechos humanos” promovió, con recursos del Estado, la grieta entre argentinos que enfrentaba a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales con el conjunto de los civiles. Donde pertenecer al primer colectivo (con la excepción de Balza, que se encontraba en el planeta Marte) hace de uno, prima facie, “genocida bajo sospecha”, mientras que, en el caso de integrar el segundo, uno puede haber asesinado a 24 personas con una bomba y ello no es óbice para dirigir una ONG de derechos humanos o que un Tribunal Federal le deniegue presentarse como querellante en juicios de lesa humanidad. Así las cosas, el fallo de Estévez le cayó al gobierno como una pelota picando en el área. Había que aprovechar al máximo el rédito, a favor del kirchnerismo y en contra de Menem (su principal enemigo de entonces), que resultaría de la indignación social producto del “encubrimiento” de un juez. El animal político olió sangre y como un rayo atacó, por puro instinto, a la garganta del fallo del juez Estévez al calificar a la sentencia de “vergonzante”. La acción siguiente fue obra del cálculo racional. Se hizo presente en Río Cuarto (Córdoba) y, a los “hermanos de Río Tercero”, les prometió que colaboraría con ellos para que se hiciera justicia. Los oficialistas Aníbal Fernández, Diana Conti, Nilda Garré, y tantos otros fueron contestes con el presidente. Así las cosas, la anulación del fallo de sobreseimiento y la eyección de Estévez constituyó un mero trámite. A propios y extraños, especialmente a los jueces, les quedó claro que el derrotero “políticamente correcto” de la causa de Río Tercero pasaba por desarrollar la hipótesis del atentado y archivar la del accidente. Para Kirchner, un juez “políticamente incorrecto” era como la manzana podrida del canasto.

 juez Carlos Julio Lascano

A diez años de la anulación del fallo que sobreseía a los cuatro militares y un civil el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba, presidido por el juez Carlos Julio Lascano e integrado por los jueces José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón, por fin puso “las cosas en su lugar”. Condenó a De la Vega, Franke, Cornejo Torino y a Gatto a prisión por el siniestro Río Tercero.

El fallo y los fundamentos para condenar son un muestrario de disparates contenidos en 1070 páginas.

Eso sí, nadie podrá poner en duda la jerarquía “políticamente correcta” de la sentencia.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

CRÓNICA DE UNA SENTENCIA ANUNCIADA

Autor: Carlos de Paz 

(…) “Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas”.

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

“Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice. Mis noches serían atormentadas por el espectro del inocente que expía allí, en la tortura más horrible, un crimen que no cometió.”
Zola anuncia al principio la inocencia de Dreyfus[1]:

Para aquellos que aún consideran que la Argentina es un estado de derecho en el que la justicia respeta la igualdad ante la ley y el derecho mundialmente reconocido a un juicio imparcial, quisiera compartir aquí algunos aspectos de mi triste experiencia.

Mi derrotero comenzó con una indagatoria (ante un funcionario judicial muy joven de baja jerarquía)  y mi inmediata detención el 17 noviembre de  2006 por la causa ESMA, siguió con 11 años de prisión preventiva y se saldó con una arbitraria sentencia a cadena perpetua que no tuvo en cuenta ninguno de los elementos probatorios de mi defensa. Mi delito: portación de uniforme.

El expediente que inicia mi triste destino, es el J 12,S 23, Nº 14217/03 (fiscalmente 26521) y es la historia de una sentencia anunciada.

Voy a citar aquí tres elementos que lo demuestran.

1) Un párrafo de mi auto de acusación.

“ …se trata de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aun no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir hacia la base del juicio, y esa apreciación se materializa a las reglas de la sana critica racional que impone este auto de merito en contra de VILARDO”.

Además de un texto confuso (con tufillo a prearmado) ¿Cómo puede un elemento ser probatorio si no es definitivo ni ha sido confrontado? ¿Cómo puede un elemento no probado servir de base suficiente para acusar a una persona y mantenerla en prisión preventiva durante 11 años?

De las 800 declaraciones que surgen de los diferentes testigos que pasaron por las audiencias a lo largo de cinco años, no hubo uno sólo que me  conociera, que me haya visto en la ESMA, o me acusara de delito alguno.

Al día de hoy, los elementos siguen sin estar probados ni confrontados.

2) Cinco años antes de que se dictaran las condenas de primera instancia, mi nombre ya figuraba en el Museo de la memoria como “represor”. Es decir ya estaba condenado antes de la condena.

3) Once años de prisión preventiva, contrariamente a lo dispuesto en la ley 25.430, que establece que “la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años sin que se haya dictado sentencia”.

La duración desmedida de la situación de excepción que es la prisión cautelar constituye un modo encubierto de castigo. (en mi caso avalada por la Corte Suprema de Justicia en una votación dividida en la que me negaron la excarcelación).

Es decir no permitieron la excarcelación  porque mi suerte de cadena perpetua  estaba echada el 17/11/2006.

Vale la pena citar aquí el considerando 11 del Dr. Rosenkrantz en el reciente fallo referido a la prisión preventiva de Milagros Sala:

“Que, sin perjuicio de lo desarrollado precedentemente, esta Corte debe enfatizar que los jueces deben fundamentar la imposición de la prisión preventiva de modo claro, con expresas referencias a las constancias de la causa y no deberán basarse únicamente en las características personales del imputado o las del hecho atribuido".

La justicia que no está al servicio de la verdad socava el fundamento mismo de la filosofía jurídica: el respeto al otro y la igualdad.

Considero que se ha cometido  un  exceso de condena y un encarnizamiento  jurídico contra  mi persona, y dada mi edad (80) años considero también que  una condena a perpetua por crímenes que no cometí y sin pruebas, es una condena a muerte encubierta.


ME HAN ROBADO MI VEJEZ.

HAN CONDENADO A MUERTE A UN INOCENTE.

Esta es la (in)justicia argentina.

EUGENIO VILARDO
Preso político

NOTA: Las imágenes y referencias no corresponden a la nota original.



[1] J’accuse…! (en francés Yo acuso, pronunciado [ʒaˈkyz]) de Émile Zola es un alegato en favor del capitán Alfred Dreyfus, en forma de carta abierta al presidente de Francia Félix Faure y publicado por el diario L'Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana.

LOS MUERTOS INVISIBLES DE LA ARGENTINA

11 de febrero de 2018 

Por: Jorge Fernández Díaz

El último gesto de vida de Antonio Muscat, segundos después de recibir una lluvia de plomo, es esta lágrima furtiva que le cruza el rostro final, tendido sobre la vereda ensangrentada. Nació en Dock Sud, provenía de una humilde familia de inmigrantes malteses y se casó con una bella croata de tres nombres a quien todos llamaban Beba. Se recibió de contador público, ingresó en Molinos e hizo una larga carrera en el grupo Bunge & Born. Su vida personal siguió siendo sencilla, frugal y feliz: se lo veía siempre cortando el pasto del jardín de su casa de Quilmes, acompañando a sus tres hijas mujeres y ayudando a los más pobres desde sociedades de fomento, club de leones y parroquias ribereñas. Beba lo esperaba todas las tardes con la alegría de una novia. Al día siguiente del secuestro de los hermanos Born, ella atendió un llamado: "Decile al hijo de puta de tu marido que va a ser el próximo". Al principio de los violentos años 70, la compañía le había ofrecido trasladarse a Brasil; luego le intervinieron el teléfono y le pusieron una custodia. Pero Antonio no quería asilarse ni vivir vigilado; pensó sinceramente que nadie querría matar a un simple gerente, a un tipo de barrio. Más bien cavilaba, y no sin algo de razón, que esos amagues eran simples presiones para que el patriarca de los Born soltara por fin el dinero del rescate. Pero el patriarca se ponía duro y las negociaciones se dilataban, y entonces los responsables de la Operación Mellizas tomaron secretamente la decisión de "ejecutar" a algún empleado de la compañía para ablandar la voluntad, para aceitar el diálogo. Antonio Muscat no tenía forma de saber que ya se había transformado en un blanco móvil.


Esta mañana del 7 de febrero de 1975 gobierna Isabel Perón, y hay un sol radiante. Muscat, como todos los días, se levanta temprano, sale a hacer flexiones y ejercicios de respiración, se ducha y despierta a Beba: siempre se sienta a su lado en la cama y le ceba unos mates. Luego carga a dos hijas en su Ford Falcon y cambia su itinerario de rutina, puesto que debe dejar a una de ellas en la estación de trenes. "Apurate que tengo varios coches atrás", le dice. Ella se apura y, por lo tanto, solo le deja un beso fugaz. Todavía hoy, 43 años después y con la perspectiva del drama, se arrepiente de aquella fugacidad. El dolor nos vuelve injustos con los detalles.

En la barrera Rodolfo López un coche le frena a Muscat por la retaguardia, y otro se adelanta y se le pone a la par. El contador entiende que algo grave está por suceder, porque comienzan a sonar dos sirenas. La barrera se alza y él pisa el acelerador. Pero a los pocos metros un tercer auto sale de la nada y lo bloquea, y lo encierran hacia la derecha. De ellos surgen nueve tipos armados con ametralladoras y le arrojan gas pimienta. La otra hija de Muscat baja aturdida y se refugia por un instante detrás del Falcon, y Antonio parece alejarse de ella quizá porque intuye que van a rociarlo de muerte, y no quiere que las balas la alcancen. Los asesinos se concentran en él: uno de los proyectiles le entra por el brazo, le atraviesa el tórax y le toca el corazón.

Cuando se acerca, su hija lo ve caído y por el rabillo del ojo divisa a los nueve homicidas, que regresan a sus coches con las ametralladoras humeantes. Es en ese instante de conmoción cuando observa que aquella lágrima solitaria y última surca la cara de su padre. Un conscripto que pasa por ahí la ayuda a cargar el pesado cuerpo y a conducirlo a la Clínica Modelo. Beba Muscat, pocos minutos más tarde, entra en el quirófano sin saber que su marido ya ha expirado y le grita: "¡Vamos, Antonio, fuerza!". Hasta que una enfermera la acaricia amorosamente, ella se da cuenta de la verdad y se desmorona.

Antonio Muscat y Familia

Muscat fue sepultado en el cementerio de Avellaneda; dentro de la caja fuerte de su oficina encontraron varias amenazas firmadas por Montoneros y ERP. Born, que lo conocía y lo estimaba, ordenó fríamente que pagaran una indemnización, pero solo envió unas flores y una tarjeta impersonal. Sus dos hijos recobraron la libertad, pero nadie se acordó nunca de esa familia mutilada. Ni una línea, ni una palabra, ni un llamado. Beba se sintió abandonada emocionalmente por los patrones de su esposo. Estuvo un año entero muerta en vida, hasta que de pronto resucitó: dijo que nunca más iba a consumir la yerba ni la harina ni ningún otro producto que fabricaran las empresas de los Born, y se dedicó con risas y con garra a sacar adelante a sus hijas. Jamás volvió a enamorarse, pero logró que todas hicieran un buen duelo y que no se agitara obsesivamente en el hogar la memoria de aquel terrible atentado; no quería que sus nietos crecieran con resentimiento. La dictadura militar les pareció a todas ellas una aberración inexcusable: lavar sangre con más sangre, combatir el terrorismo transformando al Estado en terrorista y en sádico asesino en masa[1]. Los posteriores negocios de Born con Galimberti les hicieron rechinar los dientes. Y la irresponsable mitificación de los montoneros operada por el gobierno kirchnerista les crispó los nervios. Tuvieron que romper su propio criterio con esos hijos y sobrinos cuando descubrieron que el clima de época les inculcaba la épica de la "juventud maravillosa". Se vieron forzadas a sentar a esos chicos y a explicarles seriamente lo que había sucedido con el abuelo. Y cómo los miembros de aquellas bandas armadas jamás pidieron perdón, y el modo en que se silenciaron a todas sus víctimas mediante una extraña extorsión pública según la cual evocar las aberraciones terroristas implicaba necesariamente disculpar el exterminio de Videla y de Massera, o sustentar de manera automática la "teoría de los dos demonios".

Por esa misma razón, hay 1094 muertos invisibles en la Argentina; la mayoría de ellos, eliminados en tiempos de democracia. Civiles y no combatientes. Personas que trabajaban para una multinacional y eran fusiladas con alevosía bajo la acusación de "colaborar con el capitalismo", o que se encontraban en el lugar equivocado a la hora equivocada, y una bomba las volaba en pedazos. O policías recién salidos de la escuela que eran agentes de tránsito y servían como bautismo de fuego para los militantes más ambiciosos: les disparaban a los vigilantes a mansalva en una esquina y ganaban así prestigio en el escalafón interno de la Orga. Hirieron, por ese camino, a 2362 ciudadanos y secuestraron a 756 hombres y mujeres.

Los Muscat no reivindican la represión ilegal, ni repudian las condenas a los militares, ni siquiera esperan que un juez alcance alguna vez a las cúpulas guerrilleras: parece demasiado tarde. Solo aspiran a salir del pozo del olvido, ese averno de silencios donde la muerte es omitida por el Estado y por la sociedad. Los desaparecidos, con gran justicia, tienen actos, homenajes, museos, parques de la memoria, lugar en los libros. Estos muertos, en cambio, no tienen nada. Su recuerdo no solo es necesario para reparar esa sustracción, sino para cuestionar esta nueva historia oficial que se cuenta en las aulas colonizadas, según la cual hubo una generación "heroica" que dio todo por cambiar el mundo. Incapaces de un mínimo pedido de disculpas, muchos de ellos fueron en verdad asesinos autoindulgentes, arrogantes e impunes recubiertos bajo la piel de "idealistas". Pensé mucho en ellos y en Muscat al leer esta semana la novela Patria, sobre ETA y el País Vasco. Fernando Aramburu, su autor, vino a Buenos Aires y lo dejó claro: "Matar por un ideal es un crimen".


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.





[1] Las fuerzas legales del estado fueron arrastradas a una guerra nueva, distinta y traicionera. El campo y modo de la batalla lo eligió el enemigo que se mimetizaba en la población civil, a la que atacó al mismo tiempo que al estado. El objetivo de las organizaciones terroristas era alzarse con el poder del estado a través de la violencia. La orden de aniquilar el accionar subversivo la impartió el gobierno justicialista de esa época y aún no se han hecho cargo de sus consecuencias. El personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y de otros organismos del estado que se enfrentaron con el enemigo terrorista ha sido investigado, juzgado y condenado en juicios que fueron una venganza de los vencidos… en esta oportunidad el estado y sus máximos responsables tampoco garantizaron un “juicio justo”.